Más de 400 altos cargos públicos cobran sueldos de hasta 80.000 euros en las empresas del Govern.

Más de 400 altos cargos públicos cobran sueldos de hasta 80.000 euros en las empresas del Govern.
El descontrol es tal que en Economía aseguran no saber ni cuántos directivos de designación política hay en los entes públicos El carné del partido ha sido durante años el primer criterio de contratación - Algunos de los políticos blindaron su plaza hasta que fueron despedidos por gobiernos de otro color con indemnizaciones millonarias

ALBERTO MAGRO. PALMA Cuando un economista capaz de recordar de memoria y con decimales todos los datos de la economía balear no sabe responder a la simple pregunta "¿cuántos cargos políticos hay en las empresas públicas del Govern?", la sociedad tiene un problema. Y si ese economista es el conseller de Economía Carles Manera en su último día antes de dejar el puesto tras cuatro años de trabajo, el problema es "monumental", que diría Rajoy. Pero así es: el ya exconseller Manera, probablemente el político que con más firmeza ha perseguido el despilfarro en las empresas públicas (suyas son las leyes que limitan dietas, salarios y adjudicaciones), no sabe cuántos cargos de designación política cobran sueldo de los 166 entes, fundaciones y consorcios que conforman la maraña de empresas del Govern.
Ni lo sabe él, ni lo saben los sindicatos, que solo están en condiciones de aportar estimaciones que superan en todos los casos los 400 políticos con nómina a cargo del erario público. Tampoco tienen idea en los partidos de la oposición de hoy y el reparto de poder de ayer. Ni en el PP que ahora gobierna y antes, de la mano de Matas, montó la mayor parte del entramado que hoy quiere reducir. Por no saberlo, ni siquiera lo sabe quien más a fondo le mira las costuras a los caudales públicos, la Sindicatura de Comptes. "Es la pregunta del millón", sintetiza Jordi Rivas, de UGT, un sindicalista que ha recorrido todas las empresas públicas que ha sido capaz de encontrar y ofrece datos, anécdotas y ejemplos de funcionamiento tan poco ortodoxos como rayanos con lo ilegal.
Por eso su pregunta del millón lleva otras asociadas. ¿Cuánto cuestan las empresas públicas? ¿Cómo se contrata en ellas? ¿Cómo las utilizan los partidos para premiar fidelidad política con cargos de hasta 80.000 euros al año? ¿ Son todas necesarias? ¿Qué deuda tienen? ¿Quién se lucra con sus dietas? ¿Por qué la práctica totalidad de los casos de corrupción que hoy se investigan en Mallorca tienen alguna empresa pública en su trama? A todas estas cuestiones más tratará de responder en los próximos días DIARIO de MALLORCA, que hoy empieza por la pregunta más difícil de abordar, la que no sabe contestar ni el exconseller que trató de controlar el descontrol: ¿Cuántos políticos hacen dinero y carrera en empresas del Govern?
La investigación empieza en las memorias de cuentas de las propias empresas públicas. No todas tienen. Algunas las presentan, otras no. Veintisiete son públicas, el resto hasta 166, no. Aunque existen: el equipo de Carles Manera dejó listas "el 90%" de las de 2010, que están ya sobre la mesa de Josep Ignasi Aguiló, el vicepresidente económico que hereda la hasta ahora inasequible misión de adelgazar el complejo y costoso entramado público. En la mayoría de las 27 empresas cuyas cuentas son accesibles (las grandes) se detalla el número y nombres de los llamados "cargos de alta dirección": hay 172 en total, a los que se suman los entre uno y dos gestores que cobran (según sindicatos y técnicos del Govern) de cada una de las 133 empresas restantes. Y esos, aún sin contar los cientos de trabajadores de base contratados durante décadas con su militancia ideológica como criterio, son más de 400 directivos. Se les decribe llanamente como gestores, aunque en realidad son intermediarios políticos que en contados casos tienen experiencia en el área que se les asigna.

Empresas para amigos
Pese a la falta de cualificación de algunos, sus sueldos son cuantiosos. En algunas empresas (sanitarias casi todas) superan los 80.000 euros brutos. Hasta la aprobación de la Ley de Sector Público en julio de 2010, el descontrol salarial era tal que abundaban los gestores de entes públicos que cobraban más que el conseller que les nombraba. Era el caso de algunos de los colaboradores más estrechos que volvieron con Matas de Madrid, como José María González Ortea, el ejemplo más citado por sindicalistas y políticos: tras hacerle liderar la Confederación del Júcar, Matas le creó en 2005 una sociedad pública para él solito, el Fondo de Garantia Agraria y Pesquera, Fogaiba. Y con la empresa le encomendó nada menos que la gestión de todas las ayudas agrarias y pesqueras llegadas de la UE y del Estado, que dejaron de ser vigiladas directamente por la Administración. En Fogaiba, González Ortea armó sin control público una plantilla que hoy conforman 149 personas y funde 6,1 millones de euros públicos en salarios cada año. La parte del león es para designados políticos: aún con Antich había dos cargos de alta dirección, una secretaria de dirección, siete jefes de servicio, 17 jefes de sección y 29 de negociado, el grueso de ellos contratados en su día por el amigo de Matas.
Pero no hay que retroceder a 2005 para encontrar responsables de empresas que cobran más que los 65.584 euros del president: la actual gerente del Consorcio Playa de Palma le cuesta más a las arcas públicas que Antich antes y Bauzá ahora, una cifra tan alta que la última vez que se habló de ella (en 2009, cuando su sueldo era de 70.466 euros y su coste laboral total, 87.165 euros) llevó al equipo de Margarita Nájera a emitir una nota en la que aseguraba que el salario de su líder era una cuestión que solo atañía al Ministerio y el Govern que la nombran.
Ejemplos similares abundan en legislaturas precedentes, algunos tan cuidadosamente blindados que, tras ser nombrados como cargos políticos, se construyeron una plaza de personal fijo con salarios más altos de los que ahora cobran los gestores de designación política. "Por esa puerta entraron muchos que aún hoy trabajan en empresas como Abaqua y Semilla, que durante años fueron agencias de colocación del PP", explica un antiguo directivo de designación política de Abaqua, la empresa que construye las depuradoras. El mismo exgestor (hoy retirado de la política) relata hechos similares en empresas como la veterinaria Ibabsa, en la que un reputado veterinario, Jaime Olascoaga, que ahora suena para volver a dirigir el ente, sobrevivió al gobierno que le nombró en 1995 gracias a una plaza fija de la que fue despedido en 2007 con una indemnización de más de 120.000 euros. Y algo parecido ocurrió con Llorenç Rigo, primero directivo con el PP y después contratado laboral con cláusula de rescisión estratosférica, que en la pasada legislatura fue despedido de Semilla con una indemnización de 113.000 euros a cargo de las arcas públicas.
A su marcha, como algunos otros cargos de nómina blindada, Olascoaga denunció públicamente la persecución de un gobierno de distinto color al que luce en su carné del PP, con el que es ahora mismo diputado. "Lo nombraron unos (el PP, que lo tuvo al frente de 1995 a 1999) se quedó con los otros y años después lo despidieron porque no se le consideraba adecuado para una empresa que ahora podría llegar a gestionar", describen en UGT, sindicato en el que reconocen que hoy los salarios de los directivos están más controlados.
Porque hoy el límite es el salario de los directores general: según la Ley de Sector Público de Antich, ningún directivo de empresa puede cobrar una cantidad que supere los 53.964 euros que se lleva un director general. ¿Adivinan el sueldo de la mayoría de gestores políticos de empresas? Bingo: 53.964 euros. Ese techo se rompe (lo contempla la normativa) con los mandos de empresas sanitarias, hecho que se justifica apelando a la ley de oferta y demanda: es difícil encontrar gestores de salud dispuestos a cobrar menos de 70.000 euros.

Gestores de segunda fila
Y lo mismo ocurre en el resto de áreas, como sabe bien el president Bauzá, que estos días se las ve y se las desea para encontrar gestores de nivel que acepten salarios públicos. Lo confirma Manera, que introduce en el análisis un factor muy preocupante: "Los mejores profesionales no vienen a la gestión pública porque ganan más en la privada". Es decir, la primera empresa de Balears, el Govern no está gestionada por los mejores.
Tampoco lo están las empresas públicas, en las que acaban normalmente políticos que no han logrado en las urnas otra responsabilidad de gestión. Desde que el president Cañellas montó las primeras veinte empresas públicas, hasta que Matas elevó su número a 170 y Antich lo redujo discretamente hasta 166, por la planta noble de las empresas públicas más rumbosas han pasado exalcaldes y exconcejales. También consellers frustrados, diputados caídos de su escaño y aliados políticos a los que se deben favores. Y muchos ahí siguen. Da una buena idea de la forma de reparto de puestos lo ocurrido durante la negociación del segundo Govern Antich: sobre la mesa había programas e ideas políticas, sí, pero lo fundamental a la hora de asignar funciones fueron los números. Cada partido tenía una cuota de presupuesto que gestionar, y a eso se adaptó el reparto de cargos: 60% del presupuesto (no de los cargos) del PSIB, 20% de UM y 20% del Bloc.
El resultado llevó a algunos despropósitos que quienes los gestaron se esfuerzan en explicar. Como el de la empresa pública que más presupuesto mueve (triplica el de algunas consellerias), la ferroviaria SFM, para la que el Govern Antich escogió un modelo de gestión con pocos precedentes: el organigrama quedó encabezado por dos directores-gerentes, uno del PSIB y otro del PSM. Uno por partido. Y todos contentos con su sueldo público. "Fue una decisión política", dice Manera. De hecho, ninguno de los dos nombrados tenía experiencia en trenes, aunque uno de ellos, Tomeu Gual, sí había estado al frente de la gestión de contratas y alianzas de empresas para obras públicas, como él mismo explica: "SFM es una empresa que algunos años adjudica más de 900 millones, así que se optó por un gerente dedicado a las relaciones públicas y externas y otro, yo, encargado del trabajo sobre el terreno y con experiencia en construcción: trabajé 25 años coordinando proyectos". Junto a Gual y su compañero gerente (Jaume Jaume) había otras cuatro personas. "Una menos que con Matas", dice Gual. Seis en total: los mismos que aparecen en la memoria de la empresa, una de las 27 cuyos datos son públicos.
Solo en esas 27 empresas hay 172 cargos políticos. Y en esa cifra no se cuentan los enchufados políticos sin responsabilidad de alta gestión. ¿Cuántos son exactamente? "Imposible de saber", coinciden los auditores, sindicalistas y gestores de empresa pública consultados, que tampoco tienen claro cuántos cargos políticos hay que sumar a esos 172 reconocidos en las 139 empresas, fundaciones y consorcios de los que no hay datos. "Cuenta como mínimo uno por empresa, y ten en cuenta que en la mayoría hay más de uno, porque casi siempre se nombra un secretario general", resume Jordi Rivas de UGT, que cree que la cifra de 400 designados políticos se queda corta: basta pensar en empresas con más de cien empleados creados en la segunda etapa de Matas sin más criterio de contratación que el gusto personal del gerente político de turno.

400 cargos como mínimo
Por eso las cifra de 400 también es considerada "mínima" por los exgestores de empresa pública consultados. ¿Y el ex conseller que cree? ¿Le parece a Carles Manera posible que sean más de 400 los cargos políticos? "Es posible, pero de verdad no lo sé", responde. Tampoco tiene clara la cifra el partido que ha hecho del adelgazamiento de la cosa pública casi una obsesión, UPyD. "Habría que mirar las empresas una por una, y aún así se escaparían muchos", certifica Joan Font, militante de UPyD, profesor universitario y afanado buceador de las cuentas públicas. Corrobora la opacidad, David Díaz, secretario general del sindicato USO, uno de los que más y mejor se mueven en las empresas públicas, donde también ven conservador el cálculo de 400 políticos: "Tal como lo hacen es imposible saber el número exacto, pero lo que tenemos claro es que ahora que se habla tanto de recortes deberían empezar por todos ellos". ¿Lo harán? Bauzá dirá.